25N Marcha y Festival en el Parque España

Imagen

Anuncios

Algunas razones para no aceptar la probation

Recientemente, varias organizaciones sociales publicaron un documento pidiendo que no se prohíba la probation en los casos de violencia de género en un proyecto de ley actualmente en discusión.
Es penoso que organizaciones defensoras de derechos humanos no se hayan informado un poco mas sobre porqué el Comité que monitorea la Convención de Belém do Pará prohibe la probation o suspensión del juicio a prueba, así como cualquier recurso procesal que implique una forma de mediación entre víctima y agresor.
Efectivamente, el CEVI recomendó a los Estados “Prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de oportunidad, y armonizar la legislacion procesal con estas prohibiciones. Si existieran estos impedimentos solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dichas prohibiciones a otros casos de violencia contra las mujeres.”
El artículo 7f) de la Convención de Belém do Pará dispone que los Estados deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia… Y el artículo 7.e) ordena: deberán tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”.
A nivel local, la mediación penal en los casos de violencia de género, se encuentra expresamente prohibida en la Ley 26.485, en sus artículos , inciso e) y 28, ultimo párrafo: El artículo . e) ordena: Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres  que padecen
violencia ue respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación. El artículo 28 establece: … Quedan
prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
El Comité de Expertas del MESECVI ha constatado los resultados negativos y revictimizantes de la aplicación de la probation en varios países de la región que van desde la presión a las víctimas
para que consientan con el recurso, la aplicación de sanciones absurdas, hasta la pretensión de instalar que la sanción al perpetrador es una reparación a las mujeres que sufren violencia.
La CSJN en el caso Góngora falló negando este beneficio en casos de violencia de género por ser contrario a lo ordenado por la Convención de Belém do Pará, al impedir a la víctima acceder de manera efectiva al proceso: “en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente.” Para aplicar la probation se requiere:
a) la expresa conformidad del fscal de la causa
b) que la víctima sea informada y convocada para recibir su opinión cuando el imputado solicita la probation.
Esto signifca que la víctima, además de todo el esfuerzo de denunciar y colaborar con la investigación, tiene que asumir la responsabilidad de decidir el futuro del agresor. Precisamente por ese motivo, en el caso “Ll., D.D.”2 el fscal se opuso a la suspensión del juicio a prueba porque “no podía trasladarse a la víctima la responsabilidad de la concesión de la suspensión del juicio a prueba.”
Ya sabemos las presiones que puede recibir una mujer que ha sufrido violencia de género para que acepte ese recurso. Poner en sus espaldas el peso de tomar la decisión de castigar al agresor, es
agregar una carga más a quienes ya tuvieron que pasar por muchas crisis para tomar la decisión de denunciar, aportar pruebas incluidas las pericias forenses, repetir varias veces las declaraciones, y transitar por la pesada maquinaria judicial. Las mujeres que finalmente deciden denunciar, han pasado ya por un proceso doloroso porque dar ese paso implica muchas veces aceptar el fracaso de un sueño o proyecto común y posibles conlfictos con el resto de la familia, amistades o compañeros/as de trabajo.
Cuáles son las consecuencias de utilizar la probation?
a) se suspende el debate, o sea, el juicio oral
b) Posteriormente, en caso de cumplir el imputado con las exigencias que impone la norma durante el tiempo de suspensión fijado por el tribunal correspondiente, la posibilidad de desarrollarlo se cancela definitivamente al extinguirse la acción penal (o queda ningún antecedente para elagresor)
c) El imputado podría pedir una segunda suspensión de juicio a prueba, si el nuevo delito se hubiere cometido después de haber transcurrido el tiempo legal que prevé a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior.
Se supone que el Estado tiene que vigilar el adecuado cumplimiento de las sanciones alternativas impuestas, como trabajo en la comunidad, asistencia a tratamiento terapéuticos (!!!???) u otros.
Pero, un Estado que no puede vigilar la aplicación de las medidas de protección para las víctimas, ¿puede vigilar que el agresor cumpla con estas sanciones?
Y ¿cuáles son las sanciones que en general se le aplican? En muchos de los fallos que conceden este beneficio se ordena a los agresores la asistencia “voluntaria” a tratamientos psicologicos.
Esta pobre y equivocada respuesta permite suponer que quienes participaron en el juicio creen que el agresor tiene un problema mental que debe ser tratado, o sea, es un enfermo. El problema sería
individual y no social. Esta patologización individual deja de lado el hecho que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de su opresión, es un problema social, que nace de la discriminación de las mujeres y tiene raíces culturales, económicas y políticas que deben ser abordadas en toda su complejidad. Y si bien el derecho penal es una herramienta limitada, a la hora de transformar una cultura cumple un papel simbólico importante, por tanto, dejar todo en el silencio significa que ni siquiera cumpliría ese papel.
Para algunos juristas, al aplicar la suspensión del juicio a prueba o probation, “Una de las finalidades que se pretende, es contribuir a la paz social, mediante la posibilidad de una reconciliación entre el imputado y la víctima”.El planteo de este jurista tiene un tufo a“mantenimiento de la unidad familiar a toda costa” que ya hizo mucho daño a las mujeres.
Esto no resuelve los graves problemas que las mujeres tenemos en Argentina para acceder a la justicia, que para el MESECVI son, de acuerdo a lo que establece La Convención de Belém do Pará:
– No contamos con normas penales adecuadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. La ley 26485 no tiene sanciones y salvo en aquellos hechos que tengan algún correlato con figuras penales, las demás quedan sin sancionar.
– las altas tasas de impunidad en los casos denunciados
– el bajo numero de unidades receptoras y tramitadoras de casos de violencia.
– la escasez de personal especializado, de espacios con privacidad, de servicios legales gratuitos, de intérpretes a los idiomas indígenas, de confidencialidad y protección de los datos de las víctimas, sus familiares o testigos/as.
– incumplimiento de las Medidas de protección,
– la falta de un protocolo de atención que establezca en forma clara el procedimiento a seguir para atender a una víctima de violencia durante el tiempo que dure el proceso penal, lo que aumenta el peligro de revictimización de las denunciantes, del archivo del caso por desistimiento o de un arreglo extrajudicial con el agresor.
– la falta o limitado numero de tribunales especializados o con competencia en violencia, su limitada distribución geográfica en zonas rurales y la falta de presupuesto para mejorar y ampliar los servicios de apoyo.
– las escasas decisiones judiciales condenatorias y las casi inexistentes decisiones de reparación a las víctimas o sus familiares.”

El deber de ofrecer una protección judicial efectiva a mujeres víctimas de violencia, en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación comporta cuatro obligaciones:
– 1- la prevencion,
– 2- la investigacion,
– 3- la sancion y
– 4- la reparacion de toda violación de los derechos humanos.6
En nuestro país nunca llegamos al paso 4 y en cuanto al paso 3, la sanción, en algunos casos de violencia como la sexual tiene niveles de impunidad superiores al 8%.
Alguno de estos problemas fue el centro de preocupación de las organizaciones que sacaron el documento proponiendo la probation? No.
Además de la jurisprudencia de la CSJN, la Cámara de Casación Penal ha planteado que: “la suspensión del proceso a prueba en los casos de violencia de género, “es inconciliable con el deber que tiene el Estado de investigar, esclarecer los hechos de violencia contra la mujer, y de sancionar a sus responsables en un juicio con las debidas garantías”…la suspensión del juicio a prueba obsta a la efectiva dilucidación de hechos que constituirían un delito, ese instituto debe ser considerado en relación con las obligaciones asumidas respecto de la concreta respuesta penal frente a sucesos que impliquen alguna forma de violencia contra la mujer” pues, en estos casos, suspender el juicio a
prueba “implicaría afectar las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar (…) circunstancia que
pondría en crisis el compromiso asumido por el Estado al aprobarla”.
En otro fallo similar se plantea:“ni el legislador, ni las autoridades competentes para la persecución penal, gozan de discreción en la decisión acerca de la promoción o continuación de la
persecución penal, porque el Estado Argentino se ha obligado a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer .
Segun la CIDH, “La falta de juzgamiento y condena… es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer. (…) Esa inefectividad judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos”
Beneficiar al imputado con la suspensión de juicio a prueba, es minimizar el conflicto del círculo de la violencia que padecen mujeres y niños, sumado a ello, el de ignorar las obligaciones internacionales que asumió nuestro país.
El rechazo a conceder la suspensión de juicio a prueba no sólo es congruente con los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, sino que también está orientado en el contexto de
desigualdad estructural oculta en todo conficto de violencia contra las mujeres.
En el mismo sentido ha opinado la Procuración General de la Nación: “Un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, tiene un significado preciso, definido por las normas de la Constitución Nacional en las que se menciona esa palabra – el debate oral. Por eso, no existe
margen normativo alguno para afirmar que la audiencia de la suspensión de juicio a prueba cumple con la exigencia de “juicio” en materia penal”
Para finalizar este breve análisis, quisiera plantear una duda. Si la sobrecarga de trabajo de los fiscales y jueces es tan preocupante y era necesario plantear un recurso de emergencia, ¿por qué estas organizaciones sugieren la probation que limpia el legajo del agresor, que queda libre deculpa) y no el juicio abreviado, que es también un recurso de emergencia pero al menos implica una condena, la aceptación de responsabilidad por parte del agresor, un registro de
antecedentes y la consulta a la víctima? Esta es también una solución rápida, pero al menos no deja la violencia en la impunidad. Algunos juristas plantean que el agresor podría ser presionado a aceptar una condena. Puedo asegurarles que en este sistema de justicia patriarcal, difícilmente se cometa una injusticia contra el agresor en casos de violencia contra las mujeres y las niñas.

Susana Chiarotti
Integrante del Comité de Expertas en Violencia del
MESECVI- OEA

 

La ONU lanza un plan para proteger a los defensores de los DDHH en América Latina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lanzaron un plan de cooperación para abordar uno de los problemas más apremiantes en las Américas: la protección de los defensores de los derechos humanos.

“Las personas defensoras de los derechos humanos son esenciales para el funcionamiento saludable de las sociedades y, sin embargo, en los últimos años, en las Américas, han sido cada vez más atacados. Estas personas son víctimas de amenazas, campañas de difamación, detenciones arbitrarias, malos tratos, e incluso, tortura. Muchas de ellas corren el riesgo de ser víctimas de ataques violentos, a veces mortales, incluso por parte de particulares vinculados a intereses empresariales o a poderosas bandas criminales”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

En 2016, tres de cada cuatro asesinatos de defensores de los derechos humanos en el mundo ocurrieron en las Américas, y el 41% de estas personas asesinadas fueron aquellas que se oponían a proyectos extractivos o que defendían el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas.

“En un escenario de continua impunidad para los perpetradores, vemos una tendencia preocupante del uso de la ley para criminalizar las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos, para silenciarlas o castigarlas”, dijo el relator para personas defensoras de derechos humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco. “Esta es una de las razones por la cual el lanzamiento de nuestro mecanismo de acciones conjuntas es tan importante y oportuno, ya que actuando juntos y sistemáticamente podemos tener un mayor impacto”.

La CIDH y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos estudiarán las medidas que los países de la región han implementado para proteger a los defensores y elaborarán un manual de buenas prácticas para contribuir a su protección.

Solicitud al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy

La Alianza de Abogadas/os por los Derechos Humanos de las Mujeres, espacio que reúne a más de 200 abogadas/os de todo el país, junto a las organizaciones y personas abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes manifestando nuestra preocupación ante la alerta de la situación  que en relación a los colegas Luis Paz y Paula Álvarez Carreras se ha dado a conocer públicamente.

A fin de octubre el juez Pablo Pullen Llermanos impuso una sanción de 40 mil pesos contra los abogados de Milagro Sala, Luis Paz y Paula Álvarez Carreras. Luego la Cámara de Casación multó con 8000 pesos a Paz, por considerar que la presentación de un recurso de casación interpuesto por el letrado constituía un abuso. También amenazó con triplicar la multa o establecer sanciones más graves. En ambos casos, las presentaciones realizadas por los letrados fueron hechas en el marco del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y cada una de ellas se hizo en el marco de lo que establece el Código Penal y Procesal de la Provincia de Jujuy.

El estado de derecho debe garantizar nuestra función y rol social como abogadas/os para ejercer libremente la defensa técnica de nuestros defendidos/as sin que por ello quedemos expuestas/os a riesgos de ningún tipo.

En ese sentido el estatuto de la abogacía y la procuración ley nº 3329/1976 reformada por ley 3412/1977 de la Provincia de Jujuy especifica que en el desempeño de su profesión, el abogado queda asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. El Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de la intervención de la autoridad específica que corresponda, velará por el cumplimiento de esta disposición. La actividad profesional es defendida por el Colegio de Abogados que vela por la libertad de ejercicio de la profesión.

Nos alerta a todos y todas los profesionales del derecho que pueda suceder algún tipo de persecución  cuando ejercemos nuestra labor a favor del debido proceso y la legítima defensa en juicio de cualquier ciudadano/a argentino/a que solicite nuestro conocimiento y labor.

Solicitamos al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Jujuy  escuche nuestro pedido y considere revisar esta situación que puede tornarse irreparable en relación al afianzamiento democrático.

 

 

Jornadas sobre la reforma de la Constitución en Santa Fe

Jornadas Asociación Argentina Justicia Constitucional (AAJC)

La reforma de la Constitución de Santa Fe

Facultad de Derecho de la UNR – Córdoba 2020- Rosario-

Viernes 17 de noviembre.

8:45 hs. Acreditaciones

9:15 hs- Acto Inaugural: Marcelo Vedrovnick, Decano Facultad de Derecho; Pablo Farías, Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe; Patricio Maraniello Presidente de la AAJC.

 

 

 PRIMERA PARTE

                        EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN SANTA FE

10 hs. Panel: Bases para la Reforma de la Constitución de Santa Fe Oscar Blando

Iván J. M. Cullen

 

 

SEGUNDA PARTE

                                       LA ESTRUCTURA DEL PODER

11: 15 Panel: La estructura del Poder I: el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La Organización territorial.

María Elena Martín: La estructura de poder en la Constitución santafesina

Hugo Prieto: Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ricardo Terrile: Los Nodos y el sistema representativo en la Legislatura.

Orlando Pulvirenti: Autonomía municipal.

Coordinación: Juan Manuel González

 

13 hs. Receso.

 

15 hs. La estructura del Poder II: el Poder judicial. Órganos de control

Maximiliano Toricelli: La estructura del poder en la Constitución provincial: el poder judicial.

Ivan Kvasina: Poder Judicial

Roberto Vicente: Propuestas al mecanismo de selección y remoción de jueces en coincidencia con los nuevos paradigmas de la justicia.

Jorge Orgaz: Organos de control.

Alejandro Spessot: Propuesta de innovación en el control público provincial.

Coordinación: Ana María Raggio

 

 

TERCERA PARTE

                                  DERECHOS Y GARANTÍAS JURISDICCIONALES

16:30 hs. Los derechos y las garantías en la Constitución I.

Carlos Hernández: Lineamientos para una norma constitucional que contemple los derechos del consumidor en la Provincia de Santa Fe.

Susana Chiarotti: Perspectiva de género en la Constitución.

Hugo Zaragoza: Las personas no humanas.

Alfredo Gusman: Empleo público y discapacidad.

Coordinación: Soledad González

18.15 hs. Los derechos y las garantías en la Constitución II.

Germán Gerbaudo: El derecho al deporte en la Constitución.

Oscar Puccinelli: Procesos constitucionales

Roberto Sukerman: Acciones colectivas.

Juan M. Gavaldá: Amparo por mora.

Coordinación: Juan Pablo Magnani.

19: 30 hs. Clausura de las Jornadas

 

Jornadas “Acceso a la justticia:Violencia contra las mujeres”

En el marco de la reparación  del caso CER que Insgenar y Cladem presentaran ante el Comité de la CEDAW, el 8 de noviembre se dio inicio al programa de capacitación a operadores judiciales .

El Centro de Capacitación Judicial, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe han sido los responsables de organizar esta capacitación, de cuatro encuentros.

La apertura de la jornada inaugural estuvo a cargo de la Defensora Provincial, Dra, Jaquelina Ana Balangioni, el Secretario de Derechos Humanos, Dr.Marcelo Trucco y la Dra. María Gabriela Filoni, por Cladem.

Posteriormente se desarrolló la conferencia magistral, Violencia contra las Mujeres, por parte del Dr. Fernando Ramírez.